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Política y economia

Procesaron a Moreno por irrumpir en asamblea de Grupo Clarín

El hecho ocurrió en abril de 2013. La decisión la tomó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por una denuncia radicada por el grupo de medios.

Guillermo Moreno
Moreno fue procesado por el delito de turbación de una reunión lícita
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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó este lunes al ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por haber irrumpido en una asamblea del Grupo Clarín el 25 de abril de 2013.

Moreno había sido denunciado por haber realizado agresiones verbales y amenazas a accionistas: finalmente fue procesado por el delito de turbación de una reunión lícita -que prevé de 15 a 3 meses de prisión- y se le trabó un embargo de 10 mil pesos.

Se trata de una causa iniciada por el Grupo Clarín a raíz de la irrupción de Moreno en una asamblea, junto al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el ex titular del Banco Central de la República Argentina, Alejandro Vanoli.

Según señala la denuncia, el ex funcionario les advirtió entonces a los accionistas que tuvieran "cuidado" y les pidió: "Váyanse de la conducción de la compañía".

Los entonces funcionarios se presentaron a la Asamblea como apoderados de la Anses para hacer valer las tenencias del Estado por la minoría (9 por ciento, heredadas de la estatización de las AFJP), en una reunión que tenía previsto aprobar el balance 2012 del grupo.

En la reunión, de acuerdo con el orden del día publicado en la convocatoria pública, estaba previsto decidir sobre "distribución de dividendos o constitución de reservas" y "elección de los miembros titulares y suplentes del directorio" y de la comisión fiscalizadora, así como la "aprobación del presupuesto anual".

En principio, el entonces fiscal federal Miguel Angel Osorio había dictaminado por archivar el caso por inexistencia de delito, algo en lo que coincidió Canicoba Corral y luego la Cámara Federal.

Pero los jueces de la Sala III de Casación, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, revocaron el archivo y ordenaron que se siguiera investigando al ex secretario de Comercio por este hecho.

En su fallo, Canicoba Corral dio por acreditado que, "mediante insultos y amenazas a quien presidía la referida asamblea y a los integrantes de la institución perturbó el normal desarrollo del acto, prolongándose por un tiempo excesivamente superior a lo habitual".

"Analizadas mancomunadamente las declaraciones testimoniales, las video filmaciones y las versiones taquigráficas glosadas a la instrucción, evidencian que el entonces secretario de Comercio, en clara posición minoritaria –por representar aproximadamente el 9% del paquete accionario del Grupo Clarín S.A.-, y teniendo en cuenta el contexto político que existía a la época entre el Gobierno y la empresa, sabía que era altamente probable que sus cuestionamientos sobre los puntos del orden del día no iban en línea con el voto mayoritario, motivo por el que recurrió –dolosamente- a perturbar la asamblea con insultos y amenazas al orador y a miembros de la asamblea", señaló.

Y agregó que, en miras de ese plan, "ingresó al recinto intempestivamente junto a cámaras de televisión y personas que no cumplieron con la debida acreditación, y durante todo el acto llevó a cabo una actuación repudiable hacia los presentes".

"El escenario descripto y analizado a lo largo del presente, permitió reconstruir y demostrar que el ex funcionario Guillermo Moreno logró su cometido, esto fue, alterar el normal desarrollo de la asamblea con una prolongación excesiva del acto mediante la proliferación de insultos y amenazas hacia el orador y los integrantes de la asamblea", completó.

Al hacer su descargo en esta causa, Moreno había señalado que había concurrido al lugar para "defender los intereses de la accionista del Poder Ejecutivo Nacional" y que hubo "conductas amedrentantes hacia los funcionarios en el interior de hall con gritos como 'ladrones', 'hijos de putas'; 'te voy a matar'", por lo cual le pidió al personal policial que estaba en la vereda que los protegiera.

Declaró además que la asamblea se desarrolló en el marco de "los lógicos conflictos de intereses que había entre los accionistas" dado que el Estado Nacional había denunciado al CEO Héctor Magnetto Magneto como "criminal de lesa humanidad por la apropiación de Papel Prensa".

Explicó también que de acuerdo a la manda que tenía ese día, objetaron la conducción y administración de los negocios por parte del Directorio, situación que ponía en riesgo a su entender la continuidad de la empresa, y que también cuestionaron los "honorarios excesivos de los directores y funcionarios del Grupo", aunque entendió que la Asamblea "no fue alterada ni turbada y que se cumplió con todos los puntos del orden del día".

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